La resolución considera necesario reforzar los mecanismos tecnológicos destinados a impedir el uso indebido de celulares dentro de las unidades penitenciarias, especialmente frente al riesgo de que sean utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Nota e imagen: palabrasdelderecho.com.ar

El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a implementar sistemas de detección y bloqueo de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios federales. La medida fue dispuesta mediante la resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se complementa con un manual de procedimiento que establece el funcionamiento técnico y operativo del sistema.

La decisión se apoya en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. Si bien esa norma reconoce el derecho de las personas detenidas a comunicarse con familiares, allegados y abogados, también prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas mediante dispositivos móviles (art. 160). En ese marco, el Gobierno consideró necesario reforzar los mecanismos tecnológicos destinados a impedir el uso indebido de celulares dentro de las unidades penitenciarias, especialmente frente al riesgo de que sean utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

La resolución autoriza específicamente la instalación de dispositivos capaces de detectar y bloquear códigos IMEI (identificación del equipo) e IMSI (identificación de la tarjeta SIM), lo que permite inutilizar los aparatos móviles detectados dentro de las zonas restringidas. Asimismo, instruye a las áreas técnicas del Ministerio a garantizar que la implementación del sistema no afecte las comunicaciones en el exterior de los establecimientos.

El anexo aprobado como parte de la medida detalla el procedimiento operativo. Allí se establece que el sistema funcionará mediante equipos de detección fija que identificarán dispositivos activos dentro de las áreas prohibidas. A partir de esa detección, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios enviará una solicitud formal a las empresas de telecomunicaciones para que procedan al bloqueo del equipo, lo que deberá concretarse en un plazo máximo de 48 horas .

El manual también distribuye responsabilidades entre los distintos actores: el Ministerio de Seguridad deberá coordinar el proceso y llevar un registro actualizado de los dispositivos bloqueados; las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a ejecutar los bloqueos solicitados; y el SPF tendrá a su cargo el monitoreo del sistema, incluso con intervención del Centro de Monitoreo 911 de la Policía Federal Argentina .

Además, se prevé la creación de espacios seguros dentro de los establecimientos —fuera de las zonas restringidas— para el resguardo de dispositivos móviles pertenecientes a funcionarios, magistrados, abogados y otros actores autorizados, lo que busca compatibilizar la medida con el normal funcionamiento institucional .

Finalmente, el procedimiento incorpora obligaciones de confidencialidad sobre la información obtenida, auditorías periódicas del sistema y capacitación específica del personal encargado de su implementación, en línea con un enfoque integral de seguridad penitenciaria basado en el uso de tecnología.

La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

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Organismo: Ministerio de Seguridad Nacional

Norma: Resolución 336/2026 (RESOL-2026-336-APN-MSG)

Fecha: 14 de abril de 2026